Índice

Agradecimientos

Introducción

Nuestro Poder Judicial y la Corte Suprema

I. Poder Judicial

II. Dos cabezas de la hidra

III. La Corte Suprema y el Bien Común

Primer Capítulo

Derecho Civil

I. Introducción. Derecho Civil en la Jurisprudencia. Jaime Alcalde Silva

1. Leaseback y responsabilidad precontractual

2. Responsabilidad Civil de Conservador de Bienes Raíces

3. Responsabilidad extracontractual del Estado por ataque de perro callejero

4. Responsabilidad extracontractual del Estado por accidente en juegos infantiles de una plaza

5. Responsabilidad Civil Médica del Estado y del médico

6. Bullying y responsabilidad civil de los colegios por acoso escolar

7. Accidente en restorán de comida rápida, y responsabilidad extracontractual

8. Manipulación negligente de estufa, daño moral

9. Hotelería y responsabilidad extracontractual

10. Terrorismo en La Araucanía y responsabilidad extracontractual del Estado

11. Terrorismo e indemnización de perjuicios por falta de servicio del Estado

12. Robo de auto en supermercado, contrato de depósito e indemnización de perjuicios

13. Responsabilidad de supermercado por robo de bicicleta

14. Nulidad de contrato de compraventa de inmueble y restitución del precio pagado

15. Desórdenes populares, contrato de seguro, contrato de adhesión y arbitraje

16. Interrupción de la prescripción a través de notificación de la demanda, y cobro de honorarios del abogado

17. Interrupción de la prescripción a través de la notificación de la demanda

18. Interrupción de la prescripción a través de la presentación de la demanda

19. Interrupción de la prescripción a través de la presentación de la demanda y responsabilidad médica

20. Interrupción de la prescripción a través de la presentación de medida prejudicial

21. Prescripción de pagaré bancario

22. Prescripción adquisitiva, contrato de permuta y adquisición de un bien por varios modos

23. Comunidad hereditaria, legitimación activa y acción reivindicatoria

24. Inoponibilidad de contrato de compraventa de inmueble y competencia

25. Acuerdo de exportación de frutas, tecnología de atmósfera modificada e incumplimiento contractual

26. Contrato de mutuo y su prueba

27. Contrato consensual de préstamo de dinero y prueba testimonial

28. Retención de maquinaria para garantizar una deuda impaga, contrato de prenda y recurso de protección como vía idónea

29. Contrato de inversión e incumplimiento

30. Pandemia COVID-19 e incumplimiento de contrato de arriendo de oficinas

31. Pandemia del COVID-19 e incumplimiento de contrato de arriendo de locales comerciales

Segundo Capítulo

Derecho Inmobiliario y Construcción

I. Introducción. Simple precario, protección de la propiedad privada y protección de la vivienda familiar. Orlando Palominos Aravena

1. Introducción

2. Protección de la Propiedad Privada e Indemnización de Perjuicios

3. Simple precario: ¿Protección de la vivienda familiar?

4. Consideraciones generales en relación con el simple precario

5. ¿Preferencia por la protección de la vivienda familiar?

6. Conclusiones

Bibliografía

II. Jurisprudencia

1. Ocupación ilegal de inmueble, recurso de protección y orden a los dueños del inmueble y autoridades de solucionar problema habitacional de los ocupantes

2. Ocupación ilegal de inmueble, recurso de protección y orden al Ministerio Público a que investigue y acuse

3. Ocupación ilegal de inmueble, recurso de protección y orden de desalojo

4. Ocupación ilegal de inmueble, recurso de protección y orden de desalojo de toma masiva

5. Ocupación ilegal de inmueble fiscal y recurso de protección presentado por ocupantes ilegales en contra de resolución de desalojo

6. Ocupación ilegal de inmueble, recurso de protección y legitimación activa de vecino para demandar

7. Acción de precario y relación de convivencia preexistente como título

8. Acción de precario y relación de parentesco como título

9. Acción de precario y vínculo familiar con un tercero como vínculo que justifica tenencia de inmueble

10. Acción de precario e inoponibilidad de contrato con el anterior propietario del inmueble

11. Acción de precario y excepción de cosa juzgada

12. Acción de precario presentada por heredero

13. Singularización del inmueble en la acción reivindicatoria

14. Contrato de obra, gastos generales, sobrecostos e indemnización de perjuicios

15. Contrato de construcción a suma alzada e indemnización de gastos generales

16. Contrato de construcción y prueba

17. Contrato de construcción por administración delegada e incumplimiento

18. Financiamiento de obras públicas, y legitimación pasiva

19. Obras Extraordinarias y Gastos Generales

20. Tradición de inmueble, sucesión y negativa de inscripción de Conservador de Bienes Raíces

21. Construcción y restricciones COVID-19

22. Error en solicitud ante la DOM, copropiedad inmobiliaria y reclamo de ilegalidad municipal

23. Recepción de obra y negativa de prestar servicios de agua por faltar autorización de asociación de canalistas

24. Incumplimiento de contratos de compraventa y construcción por falta de recepción final, y prescripción

25. Promesa de compraventa y obligación de obtener permisos

26. Cláusulas abusivas en promesas de compraventa y legitimación pasiva

27. Excepción de contrato de construcción no cumplido

28. Renuncia a indemnización de lucro cesante y daño moral en compraventa de inmueble, y falta de legitimación

29. Defectos de construcción y daño moral

30. Defectos de construcción, daño moral y demanda de indemnización de perjuicios sin invocar la Ley General de Urbanismo y Construcciones

31. Defectos de construcción de techumbre

32. Construcción de viviendas sociales y responsabilidad del Serviu y Constructora

33. Obligación del fisco de entregar inmuebles en los cuales se realizarán las obras objeto de un contrato de obra pública

34. Cobro de rentas de arrendamiento, habiéndose puesto término al contrato

35. Cobro de gastos comunes y Certificado de Deuda como prueba

36. Prohibición de tener mascotas en departamento

37. Publicidad engañosa en venta de inmuebles

38. Oposición de solicitud de saneamiento de D.L. Nº 2.695, y comunidad

Tercer Capítulo

Derecho Procesal Civil

I. Introducción. El Derecho Procesal Civil en la Jurisprudencia. Juan Manuel Lavín Garrido

1. Introducción

2. Análisis de fallos

2.1. Abandono del procedimiento

2.2. Recurso de apelación

2.3. Arbitraje

2.4. Recurso de protección

2.5. Errores de la Oficina Judicial Virtual

3. Conclusión

II. Jurisprudencia

1. Plazo para oponer excepciones en juicio ejecutivo

2. Abandono del procedimiento y Ley Nº 21.226

3. Abandono del procedimiento e inactividad del tribunal

4. Abandono del procedimiento y notificación de una sola de las partes no es gestión útil

5. Abandono del procedimiento y notificación de una sola de las partes sí es gestión útil

6. Abandono del procedimiento y solicitud de desarchivo como gestión útil

7. Peticiones concretas en el recurso de apelación

8. Arbitraje y efectos del recurso de apelación

9. Arbitraje sobre Contrato de Concesión de Obra Pública y recurso de queja

10. Recurso de queja en contra de árbitro mixto y límite de responsabilidad

11. Época en que se considera firme y ejecutoriada la sentencia arbitral

12. Aplicación de cláusula arbitral extranjera en Chile

13. Mandato para venta de inmueble, rendición de cuentas y arbitraje

14. Ratificación del mandato judicial

15. Mandato judicial y muerte del mandante

16. Cobro adelantado de boleta de garantía y prueba confesional

17. Acción de nulidad en materia concursal

18. Recurso de apelación en materia concursal

19. Exclusión de Crédito con Aval del Estado del proceso de liquidación voluntaria

20. Sana crítica en juicio de arrendamiento, y confesional ficta

21. Error de la Oficina Judicial Virtual y extemporaneidad de presentación

22. Gestión preparatoria de citación a confesar deuda

23. Disputas entre accionistas, y recurso de protección en contra de resolución de un tribunal

24. Recurso de protección como acción declarativa, no cautelar, y libertad de expresión

25. Recurso de protección en contra de resolución de juez partidor

Cuarto Capítulo

Derecho Administrativo

I. Introducción. La Jurisprudencia de 2022 en el Derecho Administrativo. Sergio Guzmán Silva

1. El “momento institucional”

2. Sentencias en materia administrativa

2.1. El cómputo de plazos en el contencioso administrativo de nulidad

2.2. El reclamo de ilegalidad municipal

2.3. Principios del procedimiento administrativo

2.4. Contratación administrativa

2.5. Diferencias entre la revocación y la invalidación administrativa

2.6. Recurso de protección y agotamiento de la vía administrativa

3. Palabras finales

II. Jurisprudencia

1. Cómputo de plazo de días administrativos

2. Cómputo de plazo para presentar reclamo de ilegalidad municipal

3. Cómputo de plazo para presentar reclamo de ilegalidad municipal, y recurso de queja en contra de jueces de la Corte de Apelaciones

4. Plazo del reclamo de ilegalidad municipal

5. Plazos para subsanar observaciones en procedimiento ante la DOM, y facultad de la DOM para suspenderlos

6. Aplicación de los principios conclusivo y de economía procedimental en un procedimiento administrativo

7. Multa municipal y debido proceso

8. Constitucionalidad de sanciones por infracción a la Ley General de Urbanismo y Construcciones

9. Término de contrato de obra pública, cobro de garantía y recurso de protección como vía idónea

10. Plazo de invalidación administrativa y debido proceso

11. Gestión municipal a través de recurso de protección. Extemporaneidad y legitimación activa

12. Contrato con la Municipalidad e incumplimiento

13. Agotamiento de la vía administrativa para presentar recurso de protección

Quinto Capítulo

Derecho Ambiental

I. Jurisprudencia

1. Proyecto inmobiliario y Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental

2. Proyecto Inmobiliario sin Resolución de Calificación Ambiental

3. Evasión de ingreso al SEIA, y legitimación activa en recurso de protección

4. Ruidos molestos de construcción, multa de la SMA y decaimiento del procedimiento administrativo

5. Ruidos molestos de construcción y recurso de protección

6. Malos olores, recurso de protección y suspensión de procedimiento administrativo a causa de pandemia COVID-19

7. Sondajes y excavaciones previas para la realización de Estudio de Impacto Ambiental

8. Ingreso al SEIA de proyecto inmobiliario a través de recurso de protección

9. Suspensión de Resolución de Calificación Ambiental a través de recurso de protección

10. Recurso de protección en contra de RCA de proyecto hidroeléctrico, y acción popular

11. Impugnación de resolución del SEA por exceder sus competencias

12. Contrato Especial de Operación de Litio (CEOL) y consulta indígena

13. Servidumbre minera y vías públicas

Sexto Capítulo

Derecho Eléctrico

I. Introducción. Régimen sancionatorio del sector eléctrico. Francisco Irarrázaval Armendáriz

1. Breve referencia a la historia del régimen eléctrico chileno

2. Superintendencia de Electricidad y Combustibles

3. Principios de servicio público aplicables al derecho eléctrico

3.1. La calidad del servicio eléctrico

3.2. La obligatoriedad del servicio público eléctrico

3.3. La regularidad del servicio público eléctrico

3.4. La continuidad del servicio público eléctrico

3.5. El principio de la confiabilidad del sistema eléctrico

4. Funcionamiento del régimen sancionatorio de la SEC

5. Propuestas de alternativas al régimen sancionatorio eléctrico como estrategia para el cumplimiento de la normativa eléctrica

II. Jurisprudencia

1. Servidumbre eléctrica e indemnización de perjuicios

2. Servidumbre eléctrica e indemnización de daño moral

3. Inscripción de servidumbre eléctrica

4. Multa de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles por falta de mantenimiento, fundamentación, caso fortuito y proporcionalidad

5. Multa de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, y proporcionalidad

6. Derrame de combustible, falta de declaración de instalaciones y multa de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles

7. Interrupción del suministro eléctrico y multa de la SEC

8. Aplicación del principio non bis in idem respecto de empresa sancionada por la SEC y condenada en demanda colectiva de consumidores

9. Falta de agravio en recurso de apelación en contra de sentencia que resuelve impugnación de sanción de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC)

10. Potestad de la SEC de resolver asuntos no sometidos a su decisión, y debido proceso administrativo

11. Solicitud de concesiones eléctricas y consulta indígena

Bibliografía

Introducción

I. Primer capítulo. Derecho Civil

II. Segundo capítulo. Derecho Inmobiliario

III. Tercer capítulo. Derecho Procesal Civil

IV. Cuarto capítulo. Derecho Administrativo

V. Quinto capítulo. Derecho Ambiental

VI. Sexto capítulo. Derecho Eléctrico

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Introducción
Nuestro Poder Judicial y la Corte Suprema

I. Poder Judicial

La Corte Suprema, junto con los tribunales de justicia, son órganos que modulan la forma en que se ejerce la soberanía, sancionando las formas de poder prohibidas por los acuerdos escritos de la Constitución y las leyes, y reforzando la vigencia de la constitución chilena no escrita. Su vocación es la del control, ordenando a las personas y a las instituciones cuando estas, por motivos ilegítimos, se alejan del orden demarcado por la soberanía del país.

¿De dónde proviene la autoridad de la Corte? La respuesta prácticamente unánime ha sido: de la Constitución escrita. Esta tesis sostiene que la autoridad y competencias de la Corte Suprema estarían contenidas exclusivamente en el Derecho Positivo chileno. Como sostuviera uno de los maestros de la academia chilena del Derecho, “no hay más derecho que el derecho positivo”. Esta idea es compartida por un juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, quien recientemente sostuviera en una sentencia que “Only the written word is the law”.

Sin embargo, el asunto es más complejo. Imaginemos por un segundo, que una fuerza política dominante, en un momento determinado obtiene un poder político suficiente para establecer una asamblea constituyente para cambiar la Constitución escrita. Por algún motivo, la asamblea no establece, en ningún artículo, la existencia de un Poder Judicial, y, en consecuencia, tampoco una Corte Suprema. ¿Desaparecería de esta forma el Poder Judicial?

Más allá de la ficción, y siendo fiel a la naturaleza experimental de la política chilena, una pregunta similar a esta, aunque de diferentes magnitudes, fue una pregunta real a la cual la sociedad chilena se vio enfrentada durante el proceso de redacción de una nueva constitución, por parte de la Convención Constituyente, cuando la propuesta de nueva constitución sustituía el nombre de Poder Judicial, por el de Sistemas de Justicia, junto con una serie de modificaciones al sistema judicial chileno. Lamentablemente, la pregunta solo fue abordada por algunos comentaristas a través de diarios, sin un análisis exhaustivo, y muchas veces con motivaciones de estrategia política, o desde una perspectiva corporativista. Lo anterior tiene un mérito en sí mismo que puede ser analizado desde la óptica de las ciencias sociales, pero nuestro punto es otro; la academia está en deuda de analizar, en profundidad, si la existencia de nuestro Poder Judicial depende o no de las disposiciones escritas en textos legales, y las consecuencias constitucionales que esto trae.

Una y otra vez el positivismo jurídico falla en responder esta pregunta, o cuando produce una respuesta, esta es rápidamente abandonada por los miembros del Poder Judicial, y por la academia, cuando esta teoría se enfrenta a la práctica del poder. Enfrentados a un problema jurídico difícil, con interpretaciones de política moral complejas, los positivistas rápidamente recurren a argumentaciones que, analizadas en profundidad, se fundamentan en alguna rama del Derecho Natural. Esto es especialmente intenso en ámbitos de derecho constitucional, medioambiental, Derechos Humanos, administrativo, penal, internacional, entre otros. Pareciera que la teoría positivista del Derecho es una teoría que es cómoda de enseñar en las facultades de Derecho, pero que es rápidamente abandonada apenas pone un pie afuera del aula.

Esta abdicación de la teoría positivista se produce porque reducir el Derecho a mandatos escritos es ignorar la complejidad del ejercicio del poder, reduciendo su aplicación a una de sus muchas manifestaciones. Como dijera con razón un autor: “the law is broader than their temporary and local commands, and it is presumed that those commands can be and will be harmonized with the background ius”. Esto es ejecutado constantemente por nuestros jueces, y nuestra academia, quienes armonizan los mandatos de los textos escritos, con normas que no se contienen en el derecho positivo, pero que forman parte del orden jurídico. Todo porque precisamente el Derecho es más amplio, y más rico en sustancia, que los textos escritos, sin perjuicio de la importante función que estos ocupan dentro del sistema normativo.

Un insigne autor francés, en otro contexto, con claridad también reconoció lo anterior, sosteniendo que “the fundamental principles of political constitutions exist before all written law.”. Es más, consideraba que es un error sostener siquiera que las constituciones pueden ser escritas. Esta idea la expresaba señalando que: “one of the grand errors of an age, which professed them all, was, to believe that a political constitution could be written and created a priori; whilst reason and experience unite in establishing, that a constitution is a Divine work, and that that which is most fundamental, and most essentially constitutional, in the laws of a nation, is precisely what cannot be written”. Más allá de las afirmaciones teológicas del autor, que deben ser examinadas en su mérito por quienes conocen la materia, el punto que queremos destacar es que lo más fundamental, lo verdaderamente constitucional de un país, no necesariamente está escrito.

El orden constitucional chileno se integra por las normas constitucionales escritas y no escritas, por normas del Derecho Internacional Público (Ius Gentium) y por los principios generales del Derecho de la tradición jurídica clásica. Estas fuentes del orden constitucional a menudo se mezclan unas con otras. A veces se contienen en normas escritas, otras veces no.

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