Índice general
Presentación de la obra
Capítulo 1
El derecho procesal constitucional
I. Presentación
II. El derecho constitucional y el DPC en la Argentina
a) Orígenes
b) Los cambios producidos desde la recuperación de la democracia
c) La reforma constitucional de 1994
d) Consecuencias de todos esos cambios
e) Conclusión
III. La Importancia del derecho procesal constitucional
IV. Algunos cuestionamientos en la Argentina
a) Ausencia de magistratura constitucional
b) Ausencia de procesos exclusivamente constitucionales
c) Sistema federal de Estado
d) Falta de autonomía científica y académica
V. Contenidos del derecho procesal constitucional
VI. Naturaleza jurídica del derecho procesal constitucional
VII. Algunas particularidades del derecho procesal constitucional
a) Pluralidad de normas en los en los Estados federales
b) Principio pro homine: pauta para superar la pluralidad de normas
c) Aplicación del principio pro actione
VIII. Los desafíos del derecho procesal constitucional
a) La especialización de la magistratura constitucional
b) La independencia de la magistratura constitucional
c) El perfeccionamiento de los procesos constitucionales
d) La codificación del DPC
Capítulo 2
La interpretación constitucional
I. Introducción
II. Particularidades de la interpretación constitucional
III. Particularidades de las normas constitucionales
a) Vaguedad
b) Ambigüedad
c) Antigüedad
d) Pluralidad de redactores
e) Carga ideológica de las normas
f) Influencia política de las normas
g) Silencios
IV. Los métodos de interpretación
a) Método literal
b) Método sistemático o sistémico
c) Método histórico
d) Método teleológico
e) Método subjetivo
f) Método combinado o complejo
V. Las posturas del intérprete
VI. Los intérpretes y los operadores constitucionales
a) Política
b) Judicial
c) Privada o ciudadana
VII. Algunas enseñanzas de la Corte Suprema acerca de cómo se debe interpretar la Constitución
a) El rol de la Corte como intérprete final de la Constitución
b) Las cuestiones de oportunidad mérito y conveniencia
c) Las normas que consagran derechos y garantías a favor de los particulares deben ser interpretadas en forma amplia
d) Las normas que consagran privilegios deben ser interpretadas en forma estricta
e) Las normas que consagran poderes a favor de órganos del Estado deben ser interpretadas en forma estricta
f) Las normas de emergencia o las que restringen derechos deben ser interpretadas en forma estricta (aunque no siempre)
g) La competencia federal en general y la de la Corte en particular, deben ser interpretadas restrictivamente
h) La declaración de inconstitucionalidad es la ultima ratio a la que debe acudir el juez
VIII. El debate sobre la interpretación constitucional en los Estados Unidos
a) La tesis de Thayer
b) La tesis de Bickel
c) La tesis de Dworkin
d) La tesis de Hart Ely
e) La tesis de Sunstein
f) La tesis de Tushnet
Capítulo 3
El control de constitucionalidad
I. Introducción
II. El nacimiento del control judicial y difuso
a) Prehistoria del control de constitucionalidad
b) La protohistoria del control de constitucionalidad
c) El comienzo de la historia: “Marbury vs. Madison”
d) Trascendencia del caso “Marbury”
III. El nacimiento del control de constitucionalidad concentrado
IV. Origen histórico de ambos sistemas
V. Distintos sistemas existentes en la actualidad
a) De acuerdo con quién lo realiza
b) De acuerdo con el momento en que se realiza
c) De acuerdo con el resultado del control
VI. Anexo al Capítulo
a) Texto del fallo “Marbury v. Madison”; 1 cranch 137, 2 l. ed. 60 (1803)
b) Texto completo de la Sección 13 de la Ley de Organización de la Justicia de 1789 (Judiciary Act of 1789)
c) Texto completo del art. 3º de la Constitución de los EE.UU.
Capítulo 4
El control de constitucionalidad en la Argentina
I. Orígenes en nuestro país
a) Antes de la existencia de la Corte Suprema
b) La ley 27
c) Después de la instalación de la Corte
II. Necesidad de la existencia de una “causa” judicial
a) El problema de las Acordadas
b) Las “notas” que se presentan a la Corte
III. Por vía de excepción o de acción
IV. Efecto interpartes, efecto expansivo y efecto erga omnes
a) Amparo colectivo
b) Acciones en las que se ventila la situación de una cantidad de sujetos
c) Acciones de clase
d) Declaración de inconstitucionalidad de leyes que reglamentan órganos de la Constitución
V. Cómo se controla. Criterios para su ejercicio
a) La “interpretación conforme”
b) El reemplazo de la norma inconstitucional por otra creada por el tribunal
c) La ultima ratio
VI. El sometimiento voluntario a un régimen jurídico y su impugnación
VII. Qué se controla. Materiales sujetos al control
a) Reformas constitucionales
b) Tratados
c) Leyes
d) Los reglamentos y otros actos de las Cámaras del Congreso
e) Decretos de contenido legislativo (DNUs, DDs y DPPs)
f) Actos administrativos de los tres poderes del Estado y de los órganos extrapoder y de control
g) Constituciones y leyes locales
h) Decisiones de los Jurados de Enjuiciamiento nacional y provinciales
i) Sentencias y resoluciones judiciales
j) Omisiones
VIII. Control a pedido de parte o de oficio
IX. Balance
Capítulo 5
El control de constitucionalidad de oficio
I. Introducción
II. El debate
III. Evolución legislativa y jurisprudencial
IV. Derecho comparado y constitucional provincial
Capítulo 6
El control de las omisiones inconstitucionales (la inconstitucionalidad por omisión)
I. Introducción
II. Orígenes del tema
III. Su aplicabilidad a todos los ámbitos del derecho constitucional
IV. Distintos tipos de inconstitucionalidad por omisión
a) Omisión normativa
b) Omisión estructural
V. La doble función judicial
VI. Herramientas para sanear la inconstitucionalidad por omisión
Capítulo 7
Las cuestiones políticas no justiciables
I. Introducción
II. La jurisprudencia norteamericana
III. La jurisprudencia argentina
a) El origen de la doctrina
b) El desarrollo de la doctrina
c) La reducción del ámbito de las cuestiones políticas
d) Algunos retrocesos en la década de 1990
e) Cómo se continuó reduciendo su ámbito a partir de 2003
f) Análisis de la evolución reseñada
IV. La doctrina nacional
V. La jurisprudencia interamericana
Capítulo 8
El debido proceso y la tutela judicial efectiva
I. Introducción
a) Del debido proceso legal al debido proceso constitucional
b) Del debido proceso constitucional al convencional
c) La tutela judicial efectiva
d) Su regulación en la Argentina
II. Principio de legalidad o de ley anterior
a) Ley anterior, cierta y escrita
b) Los tipos penales abiertos
c) Las leyes penales en blanco
d) Irretroactividad de la ley penal más severa y retroactividad de la más benigna
III. El principio de inocencia
a) Jurisprudencia argentina
b) Jurisprudencia interamericana
IV. Garantías de juez natural y de tribunal independiente
a) Cuando un gobierno quiere disolver un grupo empresario
b) Cuando se producen reformas procesales o judiciales generales
c) El juzgamiento de civiles por tribunales militares
d) El juzgamiento de militares por tribunales civiles
V. La imparcialidad del tribunal
a) Jurisprudencia argentina
b) Jurisprudencia europea
c) Jurisprudencia interamericana
d) Imparcialidad del tribunal y sistema acusatorio
VI. Prohibición de declarar en contra de sí mismo
a) Jurisprudencia nacional
b) Jurisprudencia interamericana
VII. La necesidad de orden escrita de autoridad competente
VIII. Derecho a la defensa en juicio
a) Derecho a ser informado de la acusación
b) Derecho a ofrecer pruebas
c) Derecho a designar abogado elegido libremente
d) Derecho a designar traductor si no se habla la lengua del país
e) Derecho a la preparación anticipada de la defensa
IX. Derecho a la doble instancia en materia penal y de derechos del niño
a) Jurisprudencia argentina
b) Jurisprudencia interamericana
X. Inviolabilidad del domicilio y de los papeles privados
a) Antecedentes de derecho comparado
b) Jurisprudencia argentina
c) Jurisprudencia interamericana
XI. Publicidad del proceso
a) Jurisprudencia argentina
b) Jurisprudencia interamericana
XII. El derecho a un plazo razonable
a) Jurisprudencia argentina
b) Jurisprudencia interamericana
c) Jurisprudencia europea
XIII. La denegación de Justicia
XIV. El derecho a obtener un fallo debidamente fundado
a) Jurisprudencia argentina
b) Jurisprudencia interamericana
c) Jurisprudencia europea
XV. El principio de congruencia
XVI. El exceso de rigorismo ritual (o exceso ritual manifiesto)
XVII. El acceso a la justicia y los costos de litigar
a) Tasa de justicia
b) Costas
c) Jurisprudencia interamericana
d) Jurisprudencia europea
XVIII. La cosa juzgada y la garantía de non bis in idem
a) En materia no penal
b) En materia penal
c) La cosa jugada írrita
d) Las sentencias no obligan a terceros
e) La cosa jugada en las sentencias de la Corte
XIX. El derecho a la ejecución del fallo
Capítulo 9
La acción de amparo individual
I. Los inicios del amparo
a) En el derecho comparado
b) En la jurisprudencia
c) En las Constituciones provinciales
II. Su nacimiento jurisprudencial en el ámbito federal
a) El amparo que no fue
b) El caso “Siri”
c) El caso “Samuel Kot SRL”
III. Su regulación legal
IV. La constitucionalización del amparo
V. El “derecho al amparo”
VI. La multiplicidad de amparos
a) El amparo por mora de la administración
b) El amparo aduanero
c) El amparo tributario
d) El amparo electoral
e) El amparo sindical
f) El amparo ambiental
g) Análisis de la normativa vigente
h) Propuesta de reforma
VII. El amparo contra actos u omisiones judiciales
a) Derecho comparado
b) En la Argentina
VIII. Anexo documental
a) Demanda presentada por Ángel Siri
b) Algunas particularidades procesales del caso “Siri”
Capítulo 10
El amparo colectivo
I. Introducción
II. Derechos protegidos
a) Los derechos de incidencia colectiva en general
b) Medio ambiente
c) La protección contra la discriminación
d) Jerarquía normativa de los derechos protegidos
III. Legitimación activa
a) El afectado
b) El Defensor del Pueblo
c) Las Asociaciones Registradas
d) El Ministerio Público
IV. Los efectos de la sentencia
V. El llamado “amparo ambiental”
Capítulo 11
El hábeas data y el manejo de los datos personales
I. Causas de su nacimiento
II. Naturaleza jurídica del hábeas data
III. Derechos protegidos
IV. Su protección constitucional
V. Su regulación legal. Subtipos de hábeas data
a) Informativo
b) Correctivo
c) De confidencialidad
d) Sinopsis
e) Autoridad de aplicación
VI. Su desarrollo en derecho comparado
VII. El manejo de datos personales
a) Garantías mínimas que deberían preverse en la legislación nacional
b) La ley argentina de tratamiento de datos personales
Capítulo 12
El hábeas corpus
I. Evolución histórica
a) Derecho comparado
b) Antecedentes en la Argentina
c) El hábeas corpus durante la dictadura
d) La normativa vigente
II. El hábeas corpus preventivo
a) Evolución jurisprudencial anterior a la ley 23.098
b) Su consagración normativa
c) Jurisprudencia posterior a la ley
III. El hábeas corpus clásico o reparador
a) Hábeas corpus contra decisiones judiciales
b) Derecho de reunión
c) El tránsito del hábeas corpus al amparo
d) Tribunales militares
e) Otros casos de aplicación del hábeas corpus clásico
IV. El hábeas corpus por restricción de la libertad
V. El hábeas corpus correctivo
VI. El hábeas corpus correctivo pluri-individual
VII. El hábeas corpus en Estado de sitio
VIII. La superposición del hábeas corpus con otras acciones
a) Con el amparo
b) Con el hábeas data
IX. Trámite del hábeas corpus
a) Denuncia
b) Habilitación de día y hora permanente
c) Elevación en consulta
d) Informalidad
e) Auto de hábeas corpus
f) Audiencia oral
g) Sentencia
h) Apelación
X. Anexo documental
a) Demanda de hábeas corpus presentada por la esposa de Jacobo Timerman (15/04/1977)
Capítulo 13
Otros procesos constitucionales
I. La acción declarativa de inconstitucionalidad
a) Límites a la acción declarativa
b) Implicancias de la acción declarativa
c) Evolución posterior a 1985
d) Carácter preventivo
e) Derecho tributario
f) Medidas precautorias
II. Las acciones de clase y los procesos colectivos
III. Las sentencias anticipadas
IV. Los mandamientos de ejecución
V. Las medidas cautelares contra el Estado
a) El debido proceso
b) La tutela judicial efectiva y el plazo razonable
c) El principio pro actione
d) Las medidas cautelares
e) Análisis de la ley
f) Conclusiones
Capítulo 14
El juicio por jurados
I. Introducción
II. Finalidad del instituto
III. Alcance del juicio por jurados
IV. Derecho comparado
V. Antecedentes en derecho patrio
VI. Proyectos legislativos nacionales
VII. Variantes del juicio por jurados
VIII. Jurisprudencia sobre juicio por jurados
IX. El juicio por jurados en el derecho público provincial
Capítulo 15
La Corte Suprema de Justicia de la Nación.Organización. Funcionamiento
I. Introducción
II. La integración de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
a) Los manoseos a la Corte
b) La formación de los jueces de la Corte
c) El perfil de los ministros de la Corte
III. La división de la Corte en salas
a) Antecedentes
b) La doctrina
c) Nuestra opinión
IV. La presidencia de la Corte
V. El reglamento interno de la Corte
a) Las facultades económicas de la Corte
b) Las facultades de superintendencia de la Corte
VI. El funcionamiento interno de la Corte
VII. El amicus curiae
VIII. Las audiencias públicas
IX. La independencia de la Corte
Capítulo 16
La competencia del Poder Judicial Federal
I. Introducción
a) Excepcional y de interpretación restrictiva
b) Limitada
c) Suprema
d) Privativa
e) Improrrogable
f) Inalterable
g) No procede de oficio
II. Competencia federal en razón de la materia (rationae materiae)
a) Causas regidas por el derecho federal
b) Causas concernientes a embajadores, ministros públicos y cónsules extranjeros
c) Causas de almirantazgo y jurisdicción marítima:
III. Competencia federal en razón de las personas (rationae personae)
a) Asuntos en que la Nación sea parte
b) Causas entre dos o más provincias
c) Causas civiles entre una provincia y los vecinos de otra
d) Causas entre los vecinos de diferentes provincias
e) Causas civiles entre una provincia o sus vecinos, contra un Estado o ciudadano extranjero
IV. Competencia federal en razón del lugar (ratione loci)
a) Mar y espacio aéreo
b) Ríos
c) Establecimientos de utilidad nacional
d) Crímenes internacionales cometidos fuera de la Nación
V. La competencia de la Corte Suprema
a) Recursos de aclaratoria
b) Recursos de revisión
c) Recursos de queja por retardo de justicia
d) Cuestiones de competencia
e) Los llamados “poderes implícitos” de la Corte
f) El recurso in extremis
Capítulo 17
La competencia originaria de la Corte Suprema
I. Introducción
II. Carácter restrictivo
III. Causas que suscitan la competencia originaria
a) Causas en las que intervengan dos o más provincias
b) Causas civiles entre una provincia y algún vecino o vecinos de otra
c) Causas civiles entre una provincia y un ciudadano extranjero
d) Causas entre una provincia y un Estado extranjero
e) Causas concernientes a diplomáticos y cónsules extranjeros
f) Causas entre una provincia y el Estado Nacional y sus agencias
g) Los casos suprimidos en 1860
IV. El problema de las causas penales
Capítulo 18
Competencia por apelación ordinaria
I. Introducción
II. El régimen vigente
Capítulo 19
El recurso extraordinario federal
I. Introducción
II. El REF en el sistema federal de Estado argentino
III. La excepcionalidad del REF
IV. Caracterización del REF
V. Requisitos de admisibilidad sustantivos (constitucionales)
a) Sentencia definitiva
b) Superior tribunal de la causa
c) Cuestión federal
d) Actualidad de la cuestión federal
e) Trascendencia de la cuestión federal
f) Introducción oportuna de la cuestión federal
g) Requisito de resolución contraria
VI. Requisitos de admisibilidad adjetivos (procesales) del REF
a) Dónde se presenta
b) Plazo
c) Formalidades
d) Sinopsis
VII. Trámite del REF (art. 257, Cód. Proc. Civ. y Com.)
a) Traslado
b) Resolución del Superior Tribunal de la causa
c) Remisión
d) Efectos de la concesión del recurso
e) Pase a sentencia
f) El “certiorari negativo”
g) La sentencia
h) Límites
VIII. El recurso de queja por REF denegado
IX. Los terceros y el REF
X. El REF y los fallos plenarios
a) ¿Qué son los fallos plenarios?
b) ¿Son constitucionales los fallos plenarios?
c) ¿Qué ocurre si la Corte revoca un fallo plenario?
XI. El desistimiento del REF
a) Expreso
b) Tácito
XII. La caducidad de la instancia en el REF y en la queja
a) Entre la interposición del REF y su concesión o denegación por el tribunal superior de la causa
b) Entre la concesión del REF y la recepción del expediente en la Corte
c) Entre la recepción del expediente en la Corte y el dictado de la sentencia
Capítulo 20
El per saltum
I. Introducción
II. El caso “Margarita Belén”
III. El caso “Dromi, Roberto (Aerolíneas Argentinas)”
a) Antecedentes
b) Irregularidades del caso
c) La sentencia
IV. El caso “Erman González, Antonio (Banco del Interior y Bs. As.)”
V. El caso “Salgado, Héctor y otros s/estafas reiteradas”
VI. El caso “Reiriz, Graciela y otro s/recurso extraordinario”
VII. El caso “Unión Obrera Metalúrgica (UOM)”
VIII. El caso “Yoma, Zulema (Menem, Carlos h.)”
IX. El caso “Rodríguez, Jorge (Aeropuertos)”
X. El efímero per saltum legislado
XI. Dos resoluciones en contra del per saltum en la década de 2000
XII. El caso del aborto “no punible” y un per saltum de oficio
XIII. La incorporación del per saltum al Código Procesal Civil y Comercial
a) Orígenes de la ley
b) Regulación legal
XIV. Observaciones generales y conclusiones
Capítulo 21
Las causales no reglamentadas del recurso extraordinario. Arbitrariedad de sentencia y gravedad institucional
I. Introducción
II. La arbitrariedad de las sentencias
a) Encuadre constitucional
b) Encuadre legal
c) Arbitrariedad y error
d) Arbitrariedad y federalismo
e) Arbitrariedad y DIDH
f) Nuestra posición
III. Antecedentes de la doctrina de la arbitrariedad de sentencias
a) En derecho comparado
b) En la Argentina
IV. Vicios que motivan la arbitrariedad de una sentencia
a) Al objeto del tema en disputa
b) A los fundamentos de la decisión
c) A los efectos de la decisión
d) Análisis de las causales referidas
V. Críticas a la doctrina de la arbitrariedad
VI. La doctrina de la gravedad institucional
a) Caracterización
b) Antecedentes
VII. Distintos supuestos de gravedad institucional
a) Causas que afectan la buena marcha de las instituciones del Estado
b) Causas que atañen de modo directo al interés de la comunidad
c) Causas que afectan principios básicos de la CN e instituciones básicas del derecho
Capítulo 22
El seguimiento de la jurisprudencia de la Corte Suprema
I. Introducción
II. La doctrina del stare decisis et quieta non movere (efecto horizontal de las sentencias)
a) Orígenes en EE.UU.
b) Antecedentes en la Argentina
c) Relación entre el seguimiento horizontal y el vertical
d) Nuestra opinión
III. El seguimiento de la jurisprudencia de la Corte por los tribunales inferiores (efecto vertical de las sentencias)
a) Doctrina del sometimiento simple
b) Doctrina del sometimiento condicionado como “deber moral”
c) Doctrina del no sometimiento
d) Doctrina del sometimiento condicionado como “deber institucional”
e) La aplicación obligatoria en la constitución de 1949
f) La doctrina del seguimiento cuasi obligatorio
g) El caso de las sentencias previsionales
h) Doctrina del seguimiento obligatorio
i) La doctrina que aplican los tribunales inferiores
j) Análisis
Capítulo 23
El efecto expansivo y erga omnes de ciertas decisiones de la Corte Suprema
I. Introducción
II. Casos en que la sentencia tiene efecto expansivo
a) Amparo colectivo (conjunto indeterminado)
b) Acciones de clase (conjunto indeterminado)
c) Acciones individuales pero cuya decisión afecta a una categoría de sujetos (conjunto determinado)
III. Casos en que la sentencia tiene efecto erga omnes
a) Reformas a las constituciones provinciales
b) Normas que regulan la designación de jueces
c) Leyes que organizan y reglamentan órganos de la Constitución
d) Las Acordadas que exceden el funcionamiento interno del tribunal
e) El procedimiento para la sanción de las leyes
f) La declaración de inconstitucionalidad de normas procesales
IV. Casos dudosos
a) La nulidad de una reforma a la Constitución Nacional
b) Las causas penales y la jurisprudencia de la Corte
c) Los ahorristas afectados por la pesificación y reprogramación de depósitos
d) Movilidad de jubilaciones y pensiones
V. A modo de conclusión
Capítulo 24
El rol de la Corte Suprema en el sistema constitucional argentino
I. Distintas posturas sobre el “rol institucional” o “rol político” de la Corte
II. Nuestra postura
a) El ámbito político
b) Las consecuencias políticas de las sentencias
c) Las sentencias se dictan en el marco de la Constitución vigente
d) El control de constitucionalidad en las relaciones del poder
e) El rol de la Corte en la construcción de los conceptos de república, democracia y federalismo
f) Cabeza de uno de los poderes del Estado
g) El alcance de las sentencias
h) La discrecionalidad en la admisión de recursos
i) La supuesta inexistencia de plazos para fallar
j) Nuestra postura
Capítulo 25
El activismo judicial
I. Introducción
II. El activismo “bueno”
a) Delinear las condiciones para el ejercicio del control de constitucionalidad
b) Ampliar la “lista” de derechos constitucionalmente protegidos
c) Señalar el camino para que el Congreso lleve a cabo una reforma legislativa
d) Atemperar los efectos de ciertas decisiones legislativas restrictivas de los derechos fundamentales
e) Una nueva interpretación o un nuevo alcance en la interpretación de un derecho
f) Ejercicio del control de constitucionalidad de oficio
g) Creación de mecanismos para superar la inconstitucionalidad por omisión
h) Ampliar los mecanismos procesales para la protección de los derechos
i) Ampliar las fronteras del ejercicio del control de constitucionalidad
III. El activismo “malo”
a) Convalidación de las emergencias
b) Convalidación forzada de la delegación legislativa implícita
c) Acelerar los caminos procesales para facilitar el accionar del gobierno
IV. Conclusiones
Capítulo 26
El Poder Judicial y el arbitraje
I. Introducción
a) Armonías
b) Colisiones o Inconsistencias
II. El arbitraje ante la Corte Suprema
III. El control de constitucionalidad en el arbitraje
IV. Los recursos judiciales contra los laudos arbitrales
Capítulo 27
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos
I. Perfil Institucional de la Comisión IDH
II. Las peticiones individuales ante la Comisión
III. La competencia de la Comisión
a) Competencia ratione personae
b) Competencia ratione materiae
c) Competencia ratione temporis
d) Competencia ratione loci
IV. Requisitos para la consideración de peticiones
a) Requisitos formales
b) Agotamiento de la jurisdicción interna
c) Excepciones al requisito de agotamiento de la jurisdicción interna
d) Plazo para presentar la denuncia
V. Trámite de las peticiones
a) Etapa informativa
b) Etapa contradictoria y audiencias
VI. Solución amistosa
VII. Naturaleza jurídica de los informes de la Comisión
VIII. Sometimiento del caso a la Corte
IX. Efectos jurídicos de los informes
a) ¿Recomendación u obligación?
b) Revisibilidad de los informes
X. La fórmula de la “Cuarta Instancia”
XI. Mecanismos de seguimiento
XII. Mecanismos cautelares para casos urgentes
XIII. A modo de síntesis
Capítulo 28
La Corte Interamericana de Derechos Humanos
I. Marco normativo
II. Inicio del caso ante la Corte
a) Elevación del caso a la Corte por el Estado
b) Sometimiento del caso a la Corte por la Comisión
III. Competencia de la Corte
a) Competencia ratione personae. La participación de la presunta víctima
b) Competencia ratione materiae
c) Competencia ratione temporis
IV. La participación de los jueces ad hoc y de la nacionalidad del Estado demandado
V. Excepciones preliminares
VI. Reglas generales del proceso ante la Corte
a) Idioma
b) Representación procesal
c) Cómputo de los plazos
d) Formalidades de los escritos y ordenamiento de expedientes
VII. Etapa escrita
a) Si el caso es sometido por la Comisión
b) Si el caso es sometido por el Estado
c) Recepción de la demanda
d) Contestación de la demanda
e) Amicus curiae
VIII. Etapa oral
IX. Las pruebas
a) Testigos y peritos
b) Alegato final escrito sobre la prueba
X. Terminación anticipada del proceso
a) Desistimiento
b) Allanamiento
c) Solución amistosa
XI. Medidas provisionales
XII. La sentencia
XIII. Los recursos contra el fallo
XIV. Colofón
Capítulo 29
El diálogo entre la jurisdicción internacional y la Argentina. El control de convencionalidad
I. Introducción
II. La ejecución de sentencias de la Corte IDH
a) Vaguedad de la normativa internacional
b) Insuficiencia de la normativa argentina
c) Los problemas relacionados con el sistema federal
d) Derecho comparado
e) El arbitraje como mecanismo para ejecutar un acuerdo amistoso
f) Algunas ideas para la reglamentación
III. La aplicación de la jurisprudencia de la Corte IDH en la Argentina
a) La etapa del “desuso” de los instrumentos internacionales de derechos humanos
b) La etapa del “uso” de esos instrumentos con jerarquía supralegal, pero infraconstitucional (1992 a 1994)
c) La etapa del “uso” de esos instrumentos con jerarquía constitucional (1994 a 2005)
d) La etapa del “abuso” de los instrumentos internacionales de derechos humanos y de la jurisprudencia e informes que los aplican
e) El regreso al “uso” de la jurisprudencia interamericana
f) Análisis de la evolución jurisprudencial en la Argentina
IV. El control de convencionalidad
V. El margen de apreciación nacional
a) La Comisión Europea de Derechos Humanos (en adelante, Comisión EDH)
b) La Corte Europea de Derechos Humanos
c) La Corte IDH
VI. Conclusiones del capítulo
Capítulo 1
El derecho procesal constitucional
I. Presentación
La materia a la que dedicamos este libro es relativamente nueva como disciplina científica, es decir, como estudio orgánico y autónomo de ciertos institutos del derecho constitucional que mantienen una particular relación con el derecho procesal. Pero la existencia de procesos constitucionales es tan vieja como el propio constitucionalismo; o más vieja, si tenemos en cuenta el interdicto de homine liberum exhibendo del derecho romano, antecedente remoto del hábeas corpus. Asimismo, ya en la Carta Magna inglesa de 1215 encontramos un mecanismo rudimentario de hábeas corpus (arts. 39 y 61), que fue luego perfeccionado por el Habeas Corpus Amendment Act (Ley de Enmienda de Hábeas Corpus) de 1679. La acción de amparo aparece en 1841 en México, consagrado también en la Constitución de Yucatán (arts. 8º, 9º y 62), pero no se difunde sino hasta mediados del siglo XX.
También son dignos de ser colacionados, aunque con alguna salvedad, dos precedentes importantes:
— La sentencia dictada por el juez Coke, en Inglaterra, en el caso del “Bonham”, a principios del siglo XVII, en el cual el magistrado sostuvo que el derecho natural estaba por encima del common law y de las prerrogativas del Rey, y decidió, por lo tanto, aplicar la norma que consideró jerárquicamente superior; y
— El fallo “Marbury vs. Madison” dictado por la Corte Suprema de los Estados Unidos de Norteamérica en 1803, donde por primera vez se dejó sin aplicar una norma legal por entender que lesionaba la Constitución.
También es digno de ser mencionado, como antecedente de esta materia, el debate entre Hans Kelsen y Carl Schmitt, de principios del siglo veinte, porque su objeto era, como sabemos, responder la pregunta acerca de quién debe ser el defensor de la Constitución, es decir: inauguraron el estudio de la magistratura constitucional. Incluso, Alcalá Zamora y Castillo sostiene que fue el primero de ellos quien fundó el Derecho Procesal Constitucional (en adelante “DPC”), tesis con la que discrepa Sagüés, quien, si bien reconoce el enorme aporte del austríaco, señala que existían antecedentes más remotos de la disciplina (en el mismo sentido opina Hitters).
Kelsen ha sido el principal defensor de la creación de un tribunal constitucional por fuera de la estructura del Poder Judicial, para encomendarle la tarea de ser el defensor de la Constitución. Así lo plasmó, como se sabe, en la Constitución austríaca de 1920 y lo expuso en varias de sus obras. Si bien el análisis de su postura excede con creces los límites de este trabajo señalaremos los rasgos más salientes:
a) En lo atinente al órgano, el maestro austríaco sostenía que no se puede proponer una solución uniforme para todas las constituciones en cuanto a la conformación del órgano, no obstante lo cual proponía, en general: (i) Que el número de sus integrantes no sea muy elevado; (ii) que en su designación intervengan el parlamento y el jefe de estado combinadamente (es decir, uno a propuesta del otro o viceversa); (iii) que los juristas de profesión ocupen un lugar adecuado, interviniendo en su designación las facultades de derecho o el propio tribunal por cooptación; (iv) que se excluya de su conformación a los miembros del parlamento y que, al mismo tiempo, se “blanquee” de alguna manera la influencia política que puedan tener sus miembros, proveyendo una parte de los cargos teniendo en cuenta la fuerza de cada partido político.
b) En cuanto al procedimiento, Kelsen proponía una legitimación amplia: (i) todas las autoridades públicas que al aplicar una norma tengan dudas de su constitucionalidad deben interrumpir el procedimiento e interponer ante el tribunal constitucional una demanda; (ii) todos los justiciables y administrados a través de la actio popularis; (iii) los estados federados, para demandar la inconstitucionalidad de los actos del estado federal, y viceversa (el estado federal para demandar la inconstitucionalidad de actos de los poderes locales); (iv) el defensor de la Constitución ante el tribunal, a semejanza del ministerio público que actúa en materia penal; (v) una minoría del parlamento, para demandar la declaración de inconstitucionalidad de una ley sancionada por la mayoría; (vi) el tribunal constitucional, actuando de oficio. Asimismo, Kelsen proponía que la sentencia anulatoria sea publicada en el mismo órgano donde se publicó la norma, aunque no descartaba que el tribunal constitucional tenga su propio órgano de difusión.
Contra este intento kelseniano de racionalización del estado constitucional de derecho, Carl Schmitt intentó plantear las contradicciones que este podría encerrar como sistema protector de la constitucionalidad de las normas. Conforme al principio orgánico de distribución del poder. La nota definitoria de la función judicial, según Schmitt, es solamente la decisión de “casos” en virtud de “leyes”, y no la discusión sobre el contenido de las normas. Para este autor, se plantea un problema cuando la confrontación que se da entre la ley ordinaria y la Constitución dista de ser evidente; y el hecho que, en este supuesto, un tribunal constitucional pueda expedirse libremente sobre la validez o invalidez de las leyes, constituye una invasión en la función legislativa que atenta contra el principio orgánico de distribución del poder, aunque “su decisión se adopte conforme a un procedimiento judicial”. Luego de analizar las distintas especies y posibilidades de defensa de la constitución a partir de la visión crítica de la justicia constitucional, el autor alemán encuentra su solución en la figura del jefe de Estado como protector de la Constitución. Esta tesis, obviamente, no tuvo mayor aceptación en la doctrina, ni aceptación en derecho comparado.
En materia de antecedentes doctrinarios no podemos dejar de mencionar las ideas precursoras del profesor uruguayo Eduardo Couture, quien dedicó, ya en 1948, la tercera parte del primer tomo de su tratado a esta materia.
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