26 de enero 2020 

SAT brindará seguridad y protección a los datos que proporcionan los contribuyentes
Recientemente, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), mediante un comunicado de prensa, reiteró su compromiso con todos los contribuyentes, de salvaguardar la información que le proporcionan al realizar trámites en el portal de ese órgano, a través del uso de la Contraseña o la e.firma.

El SAT señaló que, de manera interna, constantemente se realizan acciones para identificar situaciones que ponen en riesgo las operaciones de los contribuyentes, tales como:
• Identificar comportamientos atípicos en la emisión de facturas.
• Enviar mensajes a través del Buzón Tributario informando sobre operaciones que necesitan corregirse, para evitar multas u otras medidas más severas.
• Inhabilitar contraseñas en riesgo o contraseñas de personas contribuyentes que han sido reportadas por las autoridades sanitarias y de registro público como fallecidas, para evitar la suplantación de identidad y el uso indebido de sus datos.

Es importante señalar que la Contraseña que otorga el SAT tiene la naturaleza jurídica de una Firma Electrónica Avanzada (Fiel) y su uso para cualquier trámite ante la autoridad tiene el mismo efecto legal que una firma autógrafa. Es por ello por lo que este tiene la obligación de vigilar y mejorar su uso.
Por otra parte, también se informó que el SAT para combatir la venta de facturas, evitar prácticas irregulares, y que los contribuyentes cumplan adecuadamente con sus obligaciones fiscales, está realizando las siguientes acciones:

• Implementación de procesos para la restricción temporal de la facturación.
• Revocación de los Certificados de Sellos Digitales (CSD).
• Actualización del servicio de verificación de facturas, lo cual permite que los pagadores de impuestos validen el registro de sus facturas, su estatus y conozcan si el proveedor está en las listas definitivas que publica el SAT, de las Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS).

Finalmente, es importante señalar que con estas acciones el SAT pretende bajar la evasión y elusión fiscal, así como aumentar la recaudación, combatir la corrupción y brindar seguridad jurídica para los contribuyentes, en el marco de su ABC institucional:

Aumentar la recaudación.
Bajar la elusión y evasión fiscal, y
Combatir la corrupción.
Prodecon anuncia días inhábiles y periodos de vacaciones administrativas para 2021
La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) dio a conocer este 20 de enero, en el DOF, el “Acuerdo General 001/2021 mediante el cual se dan a conocer los días inhábiles y los periodos de vacaciones administrativas de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente del año 2021”.

Ese acuerdo tiene por objetivo el brindar seguridad jurídica respecto de los días en que esa procuraduría suspenderá sus labores, para que los contribuyentes, las autoridades fiscales y el público en general, puedan tomar las debidas prevenciones y realicen sus trámites y/o consultas de manera oportuna y/o anticipada.

De esa manera, el citado acuerdo establece como días inhábiles, correspondientes a 2021, en los cuales no se computarán plazos y términos legales en los actos, trámites y procedimientos que se sustancian ante las unidades administrativas de la PRODECON, los siguientes:
• Los sábados y domingos.
• Lunes 1 de febrero (en conmemoración del 5 de febrero).
• Lunes 15 de marzo (en conmemoración del 21 de marzo).
• Miércoles 31 de marzo, jueves 1 y viernes 2 de abril.
• Miércoles 5 de mayo.
• Jueves 16 de septiembre.
• Lunes 1, martes 2 y lunes 15 de noviembre (en conmemoración del 20 de noviembre).

Asimismo, se suspenderán actividades con motivo de los periodos vacacionales de 2021, durante los días comprendidos del lunes 19 al viernes 30 de julio de 2021, reanudando labores el 2 de agosto del mismo año, y del lunes 20 al viernes 31 de diciembre de 2021, reanudando labores el miércoles 3 de enero de 2022, por lo que durante esos lapsos no se computarán los plazos legales en los procedimientos tramitados ante las unidades administrativas adscritas a la Prodecon.

Fuente: DOF
SHCP da a conocer los anexos 1-A y 15 de la RM para 2021
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer mediante publicación en el DOF, los anexos 1-A y 15 de la Resolución Miscelánea Fiscal (RM) para 2021, publicada el 29 de diciembre de 2020.

Esos anexos están conformados por lo siguiente:

Anexo 1-A Trámites Fiscales

• Código Fiscal de la Federación.
• Impuesto sobre la Renta.
• Impuesto al Valor Agregado.
• Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
• Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos.
• Impuesto Sobre Automóviles Nuevos.
• Ley de Ingresos de la Federación.
• Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos.
• Decretos.
• De la prestación de servicios digitales y de intermediación entre terceros
• Ley Federal de Derechos.

Anexo 15 Impuesto sobre Automóviles Nuevos

A. Tarifa para determinar el Impuesto sobre Automóviles Nuevos (ISAN) para el año 2021.
B. Cantidades correspondientes a la fracción II del artículo 8o. de la Ley Federal del Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (LISAN) para el año 2021.
C. Código de Claves Vehiculares:
Fuente: DOF

Editor responsable: Beatriz Ramírez
Iniciaron las mesas de diálogo nacional sobre posibles efectos en la PTU al aprobarse la reforma en materia de subcontratación laboral
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) inició el 20 de enero de este año las Mesas de diálogo respecto a los posibles efectos o distorsiones en la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas (PTU) una vez aprobada la reforma en materia de subcontratación, en el marco del “Acuerdo tripartita entre el sector empresarial, el sector obrero y el Gobierno de México respecto a la subcontratación”, con la finalidad de atender junto con los representantes de los trabajadores y empresarios los retos en la materia, especialmente en el sector de las empresas de uso intensivo de capital, las cuales expresaron que pueden presentar algún tipo de desequilibrio en el reparto de utilidades, afectando su viabilidad y competitividad. 

Así, durante cinco días −20, 21, 25, 27 y 28 de enero de 2021− representantes de los trabajadores, empresarios y la STPS, debatirán sobre el marco normativo de la PTU en el contexto de las modificaciones a la subcontratación en México, con especial énfasis en ramas de la industria automotriz y manufactura; los sectores financiero y de seguros; así como el energético e industrias extractivas; las telecomunicaciones y Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC); el sector agropecuario, turístico, minoristas y académicos, entre otros.

En ese sentido, los días 20 y 21 del mes en curso se realizaron las dos primeras mesas de diálogo, en las cuales se trataron importantes temas sobre los posibles efectos o distorsiones que pueden presentarse en el reparto de utilidades una vez aprobada la reforma en materia de subcontratación, en los sectores: financiero, seguros, automotriz y manufactura. 

Durante las reuniones, la titular de la STPS, Luisa María Alcalde Luján, recordó que esos espacios de diálogo se convocan en el marco del debate sobre la reforma en materia de subcontratación, iniciativa que tiene por objeto frenar los esquemas abusivos que afectan a trabajadores, a la hacienda pública, a los institutos de seguridad social y también a distintas empresas por la competencia desleal que significa competir frente a empresas que incumplen con sus responsabilidades laborales fiscales y de seguridad social.
Asimismo, la funcionaria comentó que, en el próximo periodo de sesiones, el Poder Legislativo discutirá la iniciativa que será señalada como preferente por el Ejecutivo Federal para no postergar más su discusión. 

La encargada de la política laboral del país también aclaró que en los foros no se está discutiendo el derecho de los trabajadores al reparto de utilidades, pues es una prerrogativa constitucional y ya una comisión tripartita, hace algunos meses, determinó que el porcentaje de utilidades debería mantenerse en el 10% de la renta gravable.

Por ello, Alcalde Luján reiteró que el objetivo de las mesas de diálogo es entender y analizar de manera conjunta, si la iniciativa de subcontratación laboral −de aprobarse en sus términos actuales− puede tener efectos adversos o distorsiones en el reparto de utilidades, considerando que la tercerización o subcontratación de personal (outsourcing e insourcing) estará prohibida y solo se permitirá la de servicios u obras especializados. 

En esta semana continuarán las mesas de diálogo, pues el lunes 25 de enero la STPS se reunirá con los representantes del sector energético y la industria extractiva; el miércoles 27 a las 17:30 horas será el turno de los sectores de las TIC y el agropecuario, y el jueves 28 en punto de las 10:00 horas con los demás sectores e integrantes de la academia.

De cada reunión se integrará un documento con los puntos principales discutidos por los representantes, y las transmisiones de los foros son abiertas al público, mediante las plataformas Facebook Live y el canal de YouTube de la Secretaría. 

Fuente: STPS

Editor responsable: Teresa Ganado
Oposición buscará impedir la desaparición de los órganos autónomos 
Tras las recientes declaraciones del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, referentes a la desaparición de los órganos constitucionales autónomos, tales como la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), grupos opositores en el Congreso de la Unión ya preparan un frente para impedir que esos órganos desaparezcan, toda vez que, en opinión de los expertos, esa medida daría como resultado monopolios en el mercado, los cuales perjudicarían a los consumidores. 

Bajo esta tesitura, el Presidente recientemente señaló durante sus conferencias matutinas, que enviaría al Congreso de la Unión una iniciativa, para que las Secretarías de Estado atraigan las funciones de esos órganos autónomos. 

De esa manera, las atribuciones de la Cofece las ejercería la Secretaría de Economía (SE); las del IFT serían ejercidas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y las del INAI las ejercería la Secretaría de la Función Pública (SFP), toda vez que, según aseveró, consumen mucho del presupuesto.
Sin embargo, grupos de oposición y especialistas en esas materias han señalado que ante la desaparición de esos órganos –como la Cofece o el IFT–, no existirían organismos eficientes que puedan evitar concentraciones monopólicas en los mercados, e incluso las Secretarías de Estado, al ejercer tales funciones, no tendrían la capacidad suficiente y en sus resoluciones permearía una visión más política que técnica, perjudicando finalmente a la ciudadanía.

En tanto, diversos grupos de oposición han hecho un llamado tanto a sus miembros como a los del grupo parlamentario Movimiento Regeneración Nacional (Morena), para que se opongan a esa iniciativa, que indicó el mandatario, sería enviada próximamente al Congreso de la Unión con el objetivo de reformar la Constitución Federal para desparecer a los órganos constitucionales autónomos. 

Por ello, manténgase al día de esta y otras disposiciones desde sus plataformas Checkpoint y Proview.
Fuente: Sistema de Información Legislativa
Editor responsable: Leslie Barrera
Legisladores presentan iniciativa para contar con servicios de asesoramiento científico
En fecha reciente, integrantes de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, de la Cámara de Diputados, presentaron una iniciativa mediante la cual se busca contar con servicios de asesoramiento científico, para ese órgano legislativo.

Los legisladores señalaron que ante los cambios acelerados y avances tecnológicos que se dan actualmente, es indispensable la creación y modificación de diversos ordenamientos de corte tecnológico y científico, por lo que es necesario que el Poder Legislativo cuente con un asesoramiento científico especializado, lo cual –afirmaron– permitiría tener mayores elementos para la toma de decisiones de forma más rápida y eficiente.

En la presentación de la iniciativa, varios fueron los diputados que reiteraron que la falta de asesoría en temas científicos puede tener como resultado una toma de decisiones incorrecta.

Al respecto, el diputado Acosta Peña expresó, durante la presentación, que su propuesta de reforma al artículo 49 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos se ha trabajado con miembros de la comunidad científica, a fin de reducir la división que ha existido entre la ciencia y la política; entre la evidencia y la legislación, aseveró.
Por su parte, el legislador Romero Hicks resaltó que, la propuesta de ley cuenta con tres grandes ingredientes que son: La importancia del servicio civil de carrera en el Congreso mexicano; la necesidad de un rediseño institucional, y la conveniencia de tener el asesoramiento científico oportuno para la toma de decisiones.

Esta iniciativa resulta bastante interesante, pues de concretarse podría traer grandes resultados, entre ellos, el darle un impulso a la ciencia y tecnología; sector que ha sido afectado por diversas decisiones gubernamentales a lo largo de la historia en nuestro país.
Fuente: Cámara de Diputados
Conferencia de prensa virtual
Proponen un “Senado digital” para el próximo periodo ordinario de sesiones
Eduardo Ramírez, presidente de la mesa directiva del Senado de la República, dio a conocer que los senadores buscarán legislar completamente a distancia

Esa iniciativa surgió después de una reunión que sostuvo el senador Ramírez con los titulares de las 46 comisiones del Senado, en la cual se revisaron los temas que formarán parte de la agenda legislativa para el próximo periodo ordinario de sesiones, el cual inicia el 1 de febrero de este año.

Cabe destacar que esta no es la primera vez que se intenta que los senadores puedan desarrollar sus trabajos de manera no presencial. Recordemos que, desde agosto del año pasado, se ha buscado implementar el trabajo legislativo completamente a distancia; sin embargo, hasta el momento no se ha podido llegar a concretar ese esfuerzo.
En ese contexto, Eduardo Ramírez aseguró que existe consenso entre las fracciones parlamentarias para establecer un Senado digital, de manera que no exista parálisis legislativa ni por la pandemia ni por los procesos electorales de este año.

Asimismo, el legislador recalcó que es primordial trabajar en la reforma de diversos ordenamientos para hacer posible la propuesta del “Senado digital”, y de esta manera emigrar a las plataformas digitales, a fin de realizar sesiones en las que se pueda votar legislaciones y nombramientos, entre otros asuntos de interés nacional.

Y es que, entre los temas pendientes en la agenda de la Cámara Alta destaca el análisis y votación sobre: (i) seis ordenamientos en materia de justicia; (ii) el outsourcing; (iii) la nueva Ley de la Fiscalía General de la República, y (iv) 83 nombramientos entre magistrados, comisionados y diplomáticos.
Fuente: Cámara de Senadores
Boletín Número-725

¿Puede desestimarse un dictamen en el que el perito no se limita a su materia y refiera cuestiones de Derecho que competen al juzgador en un juicio contencioso administrativo?
Al respecto, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito determinó que los dictámenes periciales rendidos en el juicio contencioso administrativo no deben desestimarse, en caso de que sus conclusiones se refieran a cuestiones diferentes a su materia, pues basta con que el juzgador solamente tome en consideración la información que atienda los aspectos que son materia para dirimir la controversia o, en su caso, exponer justificadamente el porqué de su conclusión.

Esta resolución se determinó en un juicio contencioso administrativo, en el cual el actor demandó la nulidad del oficio por el que se le notifica la negativa de la institución de seguridad social del estado de invalidez solicitado por el actor, por lo que, para demostrar ese estado de invalidez, el actor ofreció y rindió el dictamen en materia de Medicina del Trabajo.

Sin embargo, la Sala de conocimiento no concedió valor probatorio al dictamen, por considerar que el perito no se limitó a la materia de Medicina del Trabajo, sino que las conclusiones presentadas refirieron cuestiones de Derecho que competen al juzgador y, por tanto, reconoció la validez de las resoluciones impugnadas por el actor.

Bajo esta tesitura, el Tribunal Colegiado en comento, bajo la tesis aislada número I.4º.A.208 A (1Oa), publicada el 15 de enero de 2021 en el Semanario Judicial de la Federación, consideró que, debido a los avances que en los últimos tiempos han aparecido en el campo de la ciencia, aunado a que incluso las leyes refieren como conceptos normativos temas especializados, es necesario que el juzgador se allegue de la opinión de expertos sobre esos temas, para que lo auxilien a conocer, apreciar y resolver correctamente el objeto de la controversia.
Esto es, para lograr entender a cabalidad ciertas expresiones, cualidades, fines, conceptos o criterios, incluyendo aquellos de contenido y carácter normativo, que puedan estar expresados o referidos a conceptos especializados, y que su aplicación se extiende a la interpretación cabal de la ley o de regulaciones aplicadas, es pertinente que el juzgador se allegue de conocimientos especializados, cuya percepción o entendimiento escapa a las aptitudes del común de la gente, y requieren una particular explicación para su adecuada percepción, apreciación e interpretación.

Siendo ese caso, el de la prueba pericial, pues la ley concede al juzgador el arbitrio judicial para apreciar ciertos medios probatorios no de forma absoluta, sino que, por determinadas exigencias o necesidades, como es el obtener conocimientos especializados para justificar su fallo, se apoye en esos conocimientos, para una mayor apreciación e interpretación. De ahí que no resulte válido desestimar un dictamen por tratar cuestiones diferentes a la materia, puesto que no significa que la información expuesta por el especialista –en este caso, el perito–, inclusive tratándose de cuestiones de Derecho, no pueda ser utilizada por el juzgador para dirimir la controversia que se le plantea.

Se crea el Comité Nacional de Facilitación del Comercio
Con la finalidad de facilitar la coordinación entre las dependencias y las diversas entidades de la Administración Pública Federal para el diseño, ejecución y evaluación de programas y acciones en materia de facilitación del comercio, así como para la implementación y aplicación de las disposiciones del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio, con base en la normatividad nacional e internacional aplicable, se creó el Comité Nacional de Facilitación del Comercio (Comité), tal y como lo señala el Apartado III “Economía” del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, en su rubro “Impulsar la reactivación económica, el mercado interno y el empleo”. 

Lo anterior, por la adopción del Protocolo de Enmienda del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), en el cual, en su Anexo 1a se estableció el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio, mismo que entró en vigor el 22 de febrero de 2017 y fue publicado en el DOF el 6 de abril de ese año. 

El comité tendrá las siguientes funciones:

• Coordinar las diferentes dependencias de la Administración Pública Federal que tengan competencia y que intervengan en los diferentes aspectos relacionados con la implementación y aplicación del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio.
• Coadyuvar con la Secretaría de Economía (SE) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), conforme a la competencia de sus integrantes, en el diseño de políticas, programas y acciones, orientados a la simplificación y automatización de los procesos en materia de comercio exterior, así como coordinar su ejecución, con un enfoque que propicie su articulación y complementariedad.
• Proponer cuestiones relacionadas con asuntos relativos a la implementación y aplicación del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio. 
• Aprobar las normas de organización y funcionamiento del comité, su plan de trabajo anual y calendario de sesiones ordinarias.
• Elaborar y aprobar la Agenda Nacional de Facilitación del Comercio.
• Proponer la suscripción de acuerdos y convenios entre los representantes de los tres órdenes de gobierno y los sectores social y privado, en el ámbito de sus competencias. 
• Analizar y emitir recomendaciones para mejora de procesos y trámites para el comercio exterior, y 
• Analizar el marco normativo en materia de comercio exterior y emitir recomendaciones.

Finalmente, el mencionado acuerdo señala que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el DOF, es decir, desde el 23 de enero, y a partir de su vigencia contará con 35 días hábiles para instalar el comité. 




Fuente: DOF
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